Resumen
La doctrina del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), impulsada desde 2013 y relativa a las acciones afirmativas, ha sido presentada en diversos espacios como de vanguardia y progreso en la protección de los derechos político-electorales, en especial de los grupos en situaciones de desigualdad o desventaja. Muestra de ello es que desde 2014 y 2015 se emitieron importantes criterios jurisprudenciales sobre la naturaleza y los elementos de esta figura jurídica, llegando a emitir la jurisprudencia electoral 1/2024 que hace explícito el deber de las autoridades de implementar medidas para la población LGBTIQA+, como garantía de sus derechos políticos. Frente a este discurso de progresión y garantía de derechos, el presente trabajo propone un ejercicio comparativo de las experiencias en las entidades federativas para la implementación, o no, de acciones afirmativas, específicamente en favor de personas LGBTIQA+, acciones que fueron judicializadas no sólo ante los respectivos tribunales locales, sino que ameritaron un pronunciamiento por parte de las Salas del TEPJF. El estudio aborda los casos de cuatro estados en el marco del proceso electoral concurrente 2023-2024, en el que los correspondientes órganos electorales diseñaron o fueron instados a crear una medida compensatoria para la comunidad LGBTIQA+: Morelos, Puebla, Michoacán y Guanajuato. Esta muestra permitirá contrastar el discurso de derechos frente a los comportamientos concretos de autoridades electorales, tanto administrativas como judiciales, así como de institutos políticos y sociedad civil, de forma que se dimensione cuán consolidada está la doctrina de las acciones afirmativas.

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